Con una desaprobación que supera el 64%, el Gobierno enfrenta una
tendencia consolidada de rechazo, marcada por una brecha de género que
amenaza sus aspiraciones futuras.
El sistema de pensiones no contributivas ha dado un giro hacia una fiscalización exhaustiva. Ya no basta con presentar el certificado de discapacidad; ahora, la "vulnerabilidad socioeconómica" es el factor determinante para mantener el beneficio.